Reclaman
"conocimiento
en la problemática
minera.
Autor: Adrián Hernandez.
Fuente: AICA.
Enviado por San Pablo Online.
“La verdad objetiva que subyace” a la explotación minera “debe ser esclarecida por quienes tienen el conocimiento técnico y científico, no involucrados con los sectores interesados”, debido a que “afecta gravemente a la persona humana, a su salud, a su futuro y a la sociedad.
Las instituciones políticas y sociales han de llevar a cabo el debate que ello supone, a partir de un diálogo veraz y sincero”.
Fundamentaron su “parecer” sobre la “problemática” de las “inversiones mineras, petroleras y agroindustriales”, porque “el compromiso con la ecología ambiental y humana constituye una responsabilidad para todo cristiano”; así como “la dignidad de la persona humana, la necesidad de preservar la creación” y sus recursos: “tierras, agua, bosques, minerales”.
El documento fue el resultado de la primera reunión anual de los obispos del NOA, que finalizó el 1º de marzo en Santa María, Catamarca, en respuesta a “los recientes acontecimientos de tensión social y violencia” de esa región del país.
El Estado debe asegurar “la información completa, la consulta y la participación de las comunidades afectadas”, supervisar “las investigaciones preliminares, las exploraciones, la equidad en los acuerdos económicos y la salubridad de los procesos de extracción”, y garantizar “una provechosa participación de los pueblos en la distribución de los beneficios y la transparencia económica de estos emprendimientos”.
En este sentido, debe “velar por los legítimos intereses del Estado nacional y de las provincias”, “revisar la legislación, actualizar sus contenidos en función de los cambios”, y penalizar “el daño ambiental, cultural y social que se hubiera causado” con la actividad minera, “en proporción a los efectos padecidos por el pueblo”.
Fundamentaron su “parecer” sobre la “problemática” de las “inversiones mineras, petroleras y agroindustriales”, porque “el compromiso con la ecología ambiental y humana constituye una responsabilidad para todo cristiano”; así como “la dignidad de la persona humana, la necesidad de preservar la creación” y sus recursos: “tierras, agua, bosques, minerales”.
El documento fue el resultado de la primera reunión anual de los obispos del NOA, que finalizó el 1º de marzo en Santa María, Catamarca, en respuesta a “los recientes acontecimientos de tensión social y violencia” de esa región del país.
El Estado debe asegurar “la información completa, la consulta y la participación de las comunidades afectadas”, supervisar “las investigaciones preliminares, las exploraciones, la equidad en los acuerdos económicos y la salubridad de los procesos de extracción”, y garantizar “una provechosa participación de los pueblos en la distribución de los beneficios y la transparencia económica de estos emprendimientos”.
En este sentido, debe “velar por los legítimos intereses del Estado nacional y de las provincias”, “revisar la legislación, actualizar sus contenidos en función de los cambios”, y penalizar “el daño ambiental, cultural y social que se hubiera causado” con la actividad minera, “en proporción a los efectos padecidos por el pueblo”.
Editorial.
Que lejos estamos . . . del problema, digo.
Pero aún más lejos, de que se cumplan dichas prácticas en nuestro mal tratado país. . .
Quienes deben proteger el andamiaje Institucional, devenido del poder que otorga la Constitución Nacional, cumplen exactamente lo contrario,
sumiendo a la comunidad en una inestabilidad cruel y dolorosa frente a la
despreocupación de quienes asumieron responsabilidades que claramente no cumplen. Ejemplo : Educación, Salud , Seguridad y la mas importante,
la falta de Justicia.